Aviso legal
Información exigida por la Ley 34/2002 (LSSI-CE). Última actualización: 29 de octubre de 2026.
1. Titular del sitio
Datos pendientes de cumplimentar antes de cualquier lanzamiento público:
- Nombre o razón social del titular
- NIF / CIF
- Domicilio fiscal
- Email de contacto y, si procede, datos registrales
La LSSI-CE exige identificar al prestador de servicios de la sociedad de la información. Mientras estos datos no consten, FactuTap se ofrece únicamente en fase de pruebas y no como servicio comercial.
2. Objeto
FactuTap es una herramienta en fase de pruebas que permite preparar facturas, expedirlas con huella SHA-256 encadenada y descargar su representación en PDF con código QR de cotejo. FactuTap no presta asesoramiento fiscal ni jurídico: los cálculos y plantillas se ofrecen como herramienta y la responsabilidad de la corrección fiscal de cada operación corresponde al usuario.
3. Honestidad sobre el cumplimiento normativo
FactuTap no está presentado como adaptado, certificado ni homologado por la Agencia Tributaria. No se anuncia conformidad con la modalidad VERI*FACTU hasta completar y probar los requisitos aplicables al productor de software de facturación, incluida la declaración responsable correspondiente. El PDF generado no es una factura electrónica estructurada a efectos del Real Decreto 238/2026.
4. Uso aceptable
El usuario se compromete a usar FactuTap con datos veraces y a no intentar alterar, eludir o degradar los mecanismos de integridad del servicio (límites por NIF, huellas encadenadas, registros de facturación). Queda prohibido el uso para supuestos fiscalmente no soportados que el servicio detecte y bloquee (SII, normativa foral, regímenes especiales no implementados).
5. Propiedad intelectual e industrial
Los contenidos, diseño y código de FactuTap están protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial. No se conceden derechos más allá del uso personal del servicio conforme a estas condiciones.
6. Legislación aplicable
Estas condiciones se rigen por la legislación española. Para cualquier controversia serán competentes los juzgados y tribunales que resulten aplicables conforme a la normativa de consumidores y usuarios.